En el Proceso Penal cuando recuperes el vehículo no pagues estacionamiento judicial "El Estado” tiene la obligación de asumir el pago.
Cuando organismos de seguridad del Estado, se encuentran con la presunta participación de un hecho punible, es necesario la aprehensión del sujeto activo como la incautación de los objetos activos y pasivos.
Se entiende por objetos activos del delito aquellos que se utilizan para perpetrarlo, ejemplo: Un vehículo o un arma de fuego. Y objetos pasivos son los que se obtienen como consecuencia directa o indirecta del delito, es decir: el producto del mismo, como por ejemplo: algún bien robado, hurtado o estafado. Fuera de estos supuestos cualquier otro bien que no tenga esta categoría, no podrá bajo ninguna circunstancia ser objeto de desposesión, incautación o retención por autoridad alguna, a menos que una autoridad jurisdiccional con competencia para ello lo autorice.
En una pesquisa penal, es retenido un vehículo automotor, el procedimiento policial indica que estos deberán ser depositados en los Estacionamientos Judiciales, pero la disyuntiva viene al momento que el Ministerio Publico o El Tribunal señalan “no es imprescindibles para la investigación” y hacen entrega material, el usuario se dirige para que le realicen su entrega y es allá (estacionamiento judicial) donde se encuentra que debe cancelar cierta cantidad de dinero. El cobro que realizan los estacionamientos Judiciales de los procesos penales, no son legales, ciertamente la Ley de Depósito Judicial establece “(…) una vez terminado el depósito, el depositario tendrá derecho a que se le pague sus emolumentos y tasas fijadas en conformidad con la ley (…)” pero estos debe entenderse a los asuntos orden judicial en materia civil, mercantil, laboral y tránsito.
En este sentido ha señalado de manera continua y pacifica el Tribunal Supremo de Justicia, Sentencia 758 de la Sala Constitucional de fecha 08/05/2008, ponencia de Pedro Rafael Rondón Haaz“(…) los gastos ocasionados por estacionamiento de vehículo como objeto pasivo o activo de delito incautados en un proceso penal, correrán por el Estado Venezolano y no por las partes o terceros solicitantes, debido a las características propias y especiales de ese depósito en proceso penal”
A manera de colofón, este criterio mantenido hasta el día de hoy, debe ser impulsado para que tenga su aplicación real en todo el Territorio Nacional, es decir el Ministerio Público y los Tribunales deben ilustrar a los estacionamientos judiciales para su cabal cumplimiento, en otras palabras notificar, que el pago y cancelación de los emolumentos causados por el depósito, guarda y custodia de los vehículos automotores en los procesos penales es por parte del Estado.
