Resolución 003-2020, que prolonga la suspensión de actividades

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
SALA PLENA
Caracas,  13 de mayo de 2020
210°  y  161°
RESOLUCIÓN N°   003-2020
El Tribunal Supremo de Justicia en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 267 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con las previstas en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, determinantes en la dirección, gobierno y administración del Poder Judicial, dicta la presente Resolución.

CONSIDERANDO

Que en fecha 13 de abril de 2020, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia dictó resolución número 002-2020, mediante la cual resolvió prorrogar el lapso que estableció que ningún Tribunal despacharía desde el lunes 13 de abril hasta el miércoles 13 de mayo de 2020, ambas fechas inclusive, excepto en los casos establecidos en la misma.

CONSIDERANDO

Que persisten las circunstancias de orden social que ponen gravemente en riesgo la salud pública y la seguridad de los ciudadanos y las ciudadanas habitantes de la República Bolivariana de Venezuela debido a la pandemia COVID-19, y cónsono con las políticas adoptadas por el Ejecutivo Nacional tendientes a la implementación de medidas urgentes, efectivas y necesarias, de protección y preservación de la salud de la población venezolana; sin que pueda de manera organizada y en planificación por parte del personal del Poder Judicial, coadyuvar de manera eficiente con la concreción de la tutela judicial efectiva y demás garantías de acceso a la justicia, procurando en todo momento la existencia de personal de guardia en las jurisdicciones que lo requieran, para atender asuntos urgentes y fundamentales según la ley.

CONSIDERANDO

Que la celeridad y buena marcha de la administración de justicia, está garantizada por el Estado Venezolano durante los 365 días del año, con la organización que el orden jurídico establece en garantía de los derechos de la ciudadanía y también de los que corresponden al personal judicial.

CONSIDERANDO

Que resulta necesario dar estricto cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ya que toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos; a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente.

RESUELVE

PRIMERO: Se prorroga por treinta (30) días, el plazo establecido en la Resolución número 002-2020, dictada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia el 13 de abril de 2020. En consecuencia, ningún Tribunal despachará desde el miercoles 13 de mayo hasta el viernes 12 de junio de 2020, ambas fechas inclusive. Durante ese período permanecerán en suspenso las causas y no correrán los lapsos procesales. Ello no impide que se practiquen las actuaciones urgentes para el aseguramiento de los derechos de alguna de las partes, de conformidad con la ley. Los órganos jurisdiccionales tomarán las debidas previsiones para que no sea suspendido el servicio público de administración de justicia. Al efecto se acordará su habilitación para que se proceda al despacho de los asuntos urgentes.

SEGUNDO: En materia de amparo constitucional se considerarán habilitados todos los días del período antes mencionado. Los jueces, incluso los temporales, están en la obligación de tramitar y sentenciar los procesos respectivos. Las Salas Constitucional y Electoral del Tribunal Supremo de Justicia permanecerán de guardia durante el estado de contingencia.

TERCERO: En cuanto a los Tribunales con competencia en materia penal, se mantendrá la continuidad del servicio público de administración de justicia a nivel nacional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 156 del Código Orgánico Procesal Penal solo para los asuntos urgentes.

CUARTO: Los Magistrados de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, durante el período de Alarma Constitucional, es decir, desde el 13 de mayo hasta el 12 de junio de 2020, ambas fechas inclusive, mantendrán el quórum necesario para la deliberación conforme con lo que regulan los artículos 10 y 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

QUINTO: Los Jueces Rectores y las Juezas Rectoras, los Presidentes y las Presidentas de los Juzgados Nacionales de lo Contencioso-Administrativo, los Presidentes y las Presidentas de los Circuitos Judiciales Penales, los Coordinadores y las Coordinadoras de los Circuitos Judiciales Laborales, los Coordinadores y las Coordinadoras de los Circuitos Judiciales de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y los Coordinadores y las Coordinadoras de los Tribunales con competencia en materia de Delitos de Violencia contra la Mujer, quedan facultados para que adopten las medidas conducentes para garantizar el acceso a la justicia en las diversas Circunscripciones Judiciales, de conformidad con los objetivos de la presente Resolución, debiendo informar inmediatamente de las mismas a la Comisión Judicial.

SEXTO: La Comisión Judicial y la Inspectoría General de Tribunales atenderán con prontitud todo reclamo que sea formulado en relación con lo que dispone esta Resolución y con tal finalidad, adoptarán el sistema de guardias para las labores de coordinación, inspección y vigilancia que les corresponden, priorizando el uso de medios electrónicos y páginas web oficiales.

SÉPTIMO: Se insta a las juezas, jueces, funcionarias y funcionarios integrantes del Poder Judicial a tomar las medidas sanitarias en la ejecución de sus actividades; se hace obligatorio el uso de guantes y tapabocas en todas las sedes judiciales del país.

OCTAVO: Se ordena la publicación de esta Resolución en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y en la Gaceta Judicial, sin que tal publicación condicione su vigencia. Asimismo, se ordena su publicación en el sitio web del Tribunal Supremo de Justicia.

Comuníquese y publíquese. Dada, firmada y sellada en el Salón de Sesiones del Tribunal Supremo de Justicia, a los 13 días del mes de mayo de dos mil veinte (2020). Años: 210º de la Independencia y 161º de la Federación.
EL PRESIDENTE,
  

MAIKEL JOSÉ MORENO PÉREZ

PRIMERA   VICEPRESIDENTA,                                                             SEGUNDO  VICEPRESIDENTE,

INDIRA MAIRA ALFONZO IZAGUIRRE                                          JUAN JOSÉ MENDOZA JOVER

Los  Directores,

MARÍA CAROLINA AMELIACH VILLARROEL                     YVÁN DARÍO BASTARDO FLORES

MARJORIE CALDERÓN GUERRERO

Los Magistrados,

ARCADIO DELGADO ROSALES                  MARCO ANTONIO MEDINA SALAS

MALAQUÍAS GIL RODRÍGUEZ              FRANCISCO RAMÓN VELÁZQUEZ  ESTÉVEZ

ELSA JANETH GÓMEZ MORENO             JESÚS MANUEL JIMÉNEZ ALFONZO

CARMEN ZULETA DE MERCHÁN                     GLADYS MARÍA GUTIÉRREZ ALVARADO

JHANNETT MARÍA MADRIZ SOTILLO     MÓNICA GIOCONDA MISTICCHIO TORTORELLA

BÁRBARA GABRIELA CÉSAR  SIERO        INOCENCIO ANTONIO  FIGUEROA  ARIZALETA  

GUILLERMO  BLANCO VÁZQUEZ             MARISELA  VALENTINA  GODOY  ESTABA  

FRANCIA COELLO GONZÁLEZ                    EDGAR  GAVIDIA RODRÍGUEZ

DANILO ANTONIO MOJICA MONSALVO             CALIXTO ANTONIO  ORTEGA  RÍOS

LUIS  FERNANDO  DAMIANI  BUSTILLOS            LOURDES  BENICIA SUÁREZ  ANDERSON   

EULALIA COROMOTO GUERRERO RIVERO          FANNY BEATRIZ MÁRQUEZ CORDERO

   
VILMA MARÍA FERNÁNDEZ GONZÁLEZ         JUAN LUIS  IBARRA VERENZUELA

YANINA BEATRIZ  KARABÍN  DE DÍAZ         GRISELL LÓPEZ QUINTERO   

El Secretario,

JOHN  ENRIQUE   PARODY GALLARDO

El principio de la Proporcionalidad

Partiendo de un estudio pormenorizado, mas no exhaustivo del sistema legal sustantivo penal existente en el país, se aprecia que existe una dicotomía esencial entre las penas previstas actualmente en los distinto tipos penales, y la proporcionalidad del ataque a los bienes jurídicos protegidos por el derecho
En ese orden de ideas, cabe acotar la vigencia en el país de un Código Penal cuya corriente filosófica surge del Código de Zanardelli, de 1897, fundándose en los principios de la Escuela Clásica del Derecho Penal, con alguna que otra modificación hecha realizada bajo la influencia de la Escuela Positivista, y de necesidades fundadas en el contexto socio político vigente en el país.
Asimismo, existen una serie de leyes que paralelamente han venido surgiendo como producto de la necesidad de regular ciertas materias desde el punto de vista penal, tales como la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente, la Ley contra delitos informáticos, la Ley para la protección de la actividad ganadera, la Ley contra la Corrupción, la Ley Orgánica de Drogas, la Ley sobre Hurto y Robo de Vehículos Automotores, y otras más, que vienen a llenar los vacíos en cuanto a la subsunción típica de hechos, que para el momento de la entrada en vigencia del Código Penal no fueron o no podía ser previstas, en el mismo, debido a que de circunstancias o hechos que han surgido con el devenir del desarrollo de la sociedad.
También se estableció por práctica legislativa, el incorporar tipos penales en ciertas leyes diversas que regulaban materias especificas del quehacer social, entre las cuales cabe destacar: la Ley de Telecomunicaciones, la Ley de Aguas, entre otras.
Dentro de este abigarrado número de normas en vigencia, existen infinidad de tipos penales, que establecen sanciones de tipo corporal como no corporales. Observándose, que en ese conjunto de normas sustantivas penales existen una diversidad de sanciones, muchas de las cuales parecieran ser exageradas en consideración al daño causado, o incluso, por el contrario, parecieran ser muy benignas en razón de ese análisis.
Al estudio de la magnitud e impacto de la pena, con relación al daño ocasionado, se le denomina estudio de la proporcionalidad de las penas, y el mismo es producto de una evolución histórica, introducido en el marco de la doctrina para limitar al ius puniendi. Entendiéndose el ius puniendi, como la facultad del estado para perseguir la comisión de los hechos punibles, así como de los responsables de los mismos, aplicar la sanción como consecuencia del acaecimiento perseguido.
Este principio ha sido denominado también como prohibición de exceso, razonabilidad o racionalidad, proporcionalidad de medios, proporcionalidad del sacrificio o proporcionalidad de la injerencia. Y, tiene su razón de ser en los derechos fundamentales, cuya dogmática lo considera como límite de límites, con lo cual pretende contribuir a preservar la “proporcionalidad” de las leyes ligándolo con el principio de “Estado de Derecho” y, por ende, con el valor justicia. El principio de proporcionalidad caracteriza la idea de justicia en el marco de un Estado de Derecho. Dicho principio, al regular el establecimiento y aplicación de toda clase de medidas restrictivas de los derechos y las libertades, persigue la “intervención mínima” del Estado.
Ahora bien, cabe advertir que el estudio de la proporcionalidad se funda en la ubicación cierta de cual es el fin de la pena, dentro del basamento ideológico que consolida la construcción histórica del Estado.
Es preciso, advertir que al analizar la variopinta cantidad de punibles tipificados en nuestra legislación penal, se concluye que pareciera no existir correlación entre la pena y el ataque al bien jurídico protegido afectado.
Encontrándose un desbalance entre el Principio de la Proporcionalidad y el Principio de Lesividad, el cual en lo concreto se traduce en una situación de evidente falla dentro de un sistema que pueda afirmar su apego por la justicia, igual para los iguales y desigual para los desiguales.
Tales circunstancias se pueden destacar al estudiar algunos tipos penales previstos en el Código Penal venezolano, cuando prevé una pena exageradamente alta para el delito de forjamiento de documento, la cual prevé una pena de seis a doce años de prisión, mientras que para delitos considerados como de lesa humanidad en la Ley Orgánica de Drogas se prevé una pena de ocho a doce años para cantidades de menor cuantía que excedan los dos gramos de cocaína y veinte de marihuana.
Debiendo estudiarse con laxitud, la forma en que la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes ha estimado las penas por los hechos cometidos por los menores de edad, las cuales distan mucho del mal acaecido o daño inferido, lo cual no es proporcional ni justo, dentro de un estado social, muy a pesar que el hecho haya sido cometido por un adolescente.
Tal vez con ello se entiende un premio a una condición etaria, desdibujándose el objetivo de proteger al menor, fin último de la protección que aspira el legislador. Por el contrario, se aprecia, para el caso de los reincidentes homicidas, que su conducta reiterada surge de la falta de un basamento legal que trate como adulto, a aquel menor que ha hecho del sicariato una forma de ganarse la vida.
Encontrándose el sistema, con una falencia sustancial frente a la realidad que pretende controlar al no poder impedir que el menor delincuente pueda ser sancionado, tratándose de un círculo vicioso, en donde se observa que el hoy menor delincuente, mañana es el usual procesado como adulto.
Siendo una verdad inobjetable, que dichos menores son usados por la delincuencia común y organizada para acometer sus actos criminales, apoyándose en la existencia de una sistema legal adjetivo que no es capaz de responder a las necesidades de una sociedad vìctimizada.
Cabe alegar que, si bien es cierto, el fin del sistema penitenciario es la rehabilitación y la inserción del que ha incurrido en hecho punible, no menos cierto es que la delincuencia como realidad social requiere imponer un orden, y tristemente huelga decir, que en ese sentido se ha desnaturalizado el fin último del derecho penal, puesto que se ha perdido el temor reverencial que hace falta para imponer un orden al caos de situación existente, en donde la víctima potencial somos todos.
No es con una política represiva con la que se puede reducir el índice de la delincuencia, no se trata de imponer penas mayores, pero sí de vindicar la existencia de un sistema penitenciario en donde el culpable y responsable pague por lo que ha hecho, y luego se le garantice su inclusión en la sociedad. No es al revés, en donde se premia delincuente con reducción de penas o con beneficios forzados, para eliminar el hacinamiento y luego se les persiga en la calle con los cuerpos policiales, cuando no se ha preparado el escenario real para su rehabilitación.
Además, una persona que nunca ha sido detenida y no sabe que es la cárcel, no sabe ni nunca sabrá o conocerá el efecto de su actuar delincuencial. Por ello, la implementación de sistemas alternativos a la solución de conflictos, no puede ignorar que en el momento de la audiencia se trata de personas que han asumido enfrentarse a la sociedad, cometiendo punibles.
Por tal razón, todo mecanismo procesal que se prevea ha de considerar la lesión inferida para pretender aplicar la pena, y la pena debe responder a la necesidad sustancial de proteger al inocente.
En este orden de ideas, los detractores de la corriente del derecho penal del enemigo, a pesar de vislumbrar la verdad, se esconde en un falso galantismo, que pretende proteger al delincuente, por no tratarlo como enemigo, y olvida a la víctima, siendo que la víctima somos todos.
Se debe considerar al ciudadano que comete un hecho punible en razón del daño causado, no sólo en cuanto a él mismo, porque si él es el responsable, él debió asumir un comportamiento cónsono con la virtud del actuar de la mayoría apegado a derecho sin lesionar a otros ni a sus bienes e intereses.
Por ello, Gunther Jackobs acrisolaba la tesis de que estos ciudadanos no tenían derechos, porque el libre albedrío es de todos, y no existe causa o excusa que justifique la comisión delictiva, en cuanto a lesión de bienes jurídicos.
Luego de este compendio de ideas, cabe concluir que conforme al Principio de Proporcionalidad, la pena que establezca el legislador al delito deberá ser proporcional a la importancia social del hecho. En este sentido no deben de admitirse penas o medidas de seguridad, exageradas o irracionales
en relación con la prevención del delito. Hay que distinguir dos exigencias: 1) La pena debe ser proporcional al delito, es decir, no debe ser exagerada y 2) La proporcionalidad se medirá con base en la importancia social del hecho cometido.
La necesidad de la proporcionalidad se desprende de la exigencia de una prevención general, capaz de producir sus efectos en la colectividad. De este modo, el Derecho Penal debe ajustar la gravedad de las penas a la trascendencia que para la sociedad tienen los hechos, según el grado de afectación al bien jurídico.

Derecho Penal Colombiano

Derecho Penal Colombiano

EVASIÓN FISCAL

Articulo 313. Evasión fisca!. El concesionario, representante legal, administrador o empresario legalmente autorizado para la explotación de un monopolio rentístico, que incumpla total o parcialmente con la entrega de las rentas monopolísticas que legalmente le correspondan a los servicios de salud y educación, incurrirá en prisión de dos (2) a seis (6) años y multa hasta de cincuenta mil (50.000) salarios minimos legales mensuales vigentes.

En la m isma pena incurrirá el concesionario, representante legal, administrador o empresario legalmente autorizado para la explotación de un monopolio rentistico que no declare total o parcialmente los ingresos percibidos, en el ejercicio del mismo, ante la autoridad competente.

No es posible identificar esta conducta con las que en el pasado se han denominado en forma similar o igual en normas tributarias.

Lo anterior en razón a que la conducta descrita en el primer inciso esta dada por el núcleo rector "incumplir total o parcialmente con la entrepa de las rentas monopolisticas", de suerte que se trata de un delito de omisión propia consistente en que el sujeto incumpla con el deber de transferir a la entidad competente las rentas obtenidas en el ejercicio autorizado de la actividad monopolística de arbitrio rentístico.

El tipo penal se encarga de limitar las conductas que son de competencia
del derecho penal, al establecer la exigencia de que esas rentas, de las que el sujeto no hace entrega, sean las que legalmente correspondan a los servicios de salud y educación, únicamente; de manera que si, por ejemplo, existe un
monopolio de arbitrio rentistico, cuyas rentas no estan destinadas especificamente a la educación o la salud, no incurrirà en este delito quien no haga entrega de las mismas.

Basta con que la entrega de las rentas monopolísticas (que corresponden a los sectores de salud y/o educación) se haga de manera parcial, o no se haga para que se entienda consumado el delito; de esta forma, encontrará adecuación típica la conducta consistente en que el sujeto transfiera una parte de las rentas, pero oculte u omita transferir otra parte de las mismas.

Así mismo, el tipo penal exige que las rentas monopolísticas que no son entregadas correspondan legalmente a los servicios de salud y educación; ello implica plantearnos el interrogante en torno a qué se debe entender por la expresión legalmente, es decir, si hace alusión a la ley en sentido estricto, entendiendo por tal la ley emanada del Congreso de la República y que tenga el
carácter de tal; o si, por el contrario, hace referencia a la ley en sentido amplio entendiendo que bajo esta denominación quedan cobijados las leyes propiamente dichas, los decretos, las ordenanzas, etc.

Se considera que, en aras de mantener el respeto del principio de legalidad. Debe entenderse que el tipo penal se refiere a la ley en sentido estricto, de forma tal que si una norma de inferior jerarquía es la que establece la destinación especifica a los sectores salud y/o educación, y quien ejerce la actividad monopolística no hace entrega de ellas, no habrá cometido conducta tipica.

Esta afirmación se sustenta en el propio artículo 336 constitucional, que dispone que las actividades monopolísticas deberán ser reguladas por medio de una ley. En este sentido se expresó también la Corte Constitucional en sentencia C313 de 1994, que, aunque referida al delito de ejercicio ilícito de actividad monopolistica de arbitrio rentístico, es aplicable en este caso, por tener estrecha relación, como quiera que se trata el ejercicio de actividades monopolísticas del cual deriva la consumación del delito que aqui se estudia.

Es un tipo penal en blanco, como quiera que la estructura del tipo mismo se halla contenida en otras disposiciones legales, que son precisamente aquellas que se encargan de prescribir, a título mcramente enunciativo, lo siguiente: cuáles son las actividades consideradas como monopolio de arbitrio rentístico, cuáles de las rentas obtenidas en ejercicio de las mismas estarán destinadas especificamente a los sectores de salud y educación, cuál es el término dentro del cual se han obtenido las rentas que serán objeto de entrega, en qué plazo debe el sujeto hacer entrega de las mismas, entre otras.

El sujeto activo de este delito es calificado, dado que sólo puede ser autor quien ostente la calidad de concesionario, representante legal, administrador o empresario legalmente autorizado para la explotación de un monopolio de arbitrio rentístico. Así las cosas, no podrá ser autor de este delito quien ejerza ilegalmente actividad monopolística de arbitrio rentístico, pues en este caso se aplicará el tipo especialmente señalado para csta conducta, tipo penal que trae una pena mayor (art. 312 C. P.).

Por otro lado, el segundo inciso del artículo 313 del C. P. también exige la presencia de un sujeto activo calificado, que es el mismo exigido en el inciso primero, es decir, el concesionario, representante legal, administrador o em-
presario legalmente autorizado para la explotación de un monopolio rentístico.

La conducta descrita en el segundo inciso está dada por el núcleo rector "no declarar los ingresos percibidos"; por no reportar ante la autoridad competente el monto de los ingresos percibidos en ejercicio de la actividad monopolística de arbitrio rentístico, o declararlos en un monto menor. Cabe poner de presente que la conducta sólo es punible a título de dolo, por lo cual deben estar plenamente probados la totalidad de sus elementos para que la
Conducta sea punible conforme el inciso segundo del artículo 313.

El tipo penal hace énfasis en que la no declaración debe versar sobre los ingresos percibidos en ejercicio de la actividad monopolística de arbitrio rentístico, y no sobre cualquier tipo de ingresos que hayan entrado a formar parte del patrimonio del sujeto que ejerce lícitamente actividad monopolística.

(Fuente: Barreto y otros. Lecciones de Derecho Penal. Parte especial. Universidad Externado de Colombia. 2003)

Funciones de los Secretarios de Tribunal

La Ley Orgánica del Poder Judicial establece:

“… Artículo 60. El Poder Judicial se ejerce por la Corte Suprema de Justicia, los tribunales de jurisdicción ordinaria y los tribunales de jurisdicción especial.

Los tribunales pueden ser colegiados y unipersonales y se organizarán en Circuitos en cada Circunscripción Judicial.

Artículo 61. Son tribunales de jurisdicción ordinaria: Las Cortes de Apelaciones, los Tribunales Superiores, los Juzgados de Primera Instancia y los Juzgados de Municipio.

Artículo 62. Cada Corte de Apelaciones estará constituida por tres jueces profesionales. Por razones de servicio el Consejo de la Judicatura podrá crear, en una Circunscripción Judicial, una Corte de Apelaciones constituida por varias Salas de tres miembros cada una.

Los jueces que integran la Corte de Apelaciones eligirán de su seno un Presidente, que durará un año en el ejercicio del cargo y podrá ser reelegido.

Artículo 63. Son deberes y atribuciones de las Cortes de Apelaciones, por razón de sus respectivas materias y en el territorio de sus respectivas jurisdicciones:

1º GENERALES:

a) Dirigir las cuestiones de competencia que se susciten entre los funcionarios judiciales, y los conflictos entre éstos y los del orden administrativo, político o militar;

b) Recibir el juramento de los funcionarios que deban prestarlo ante ella, de acuerdo con la ley;

c) Dictar su Reglamento Interno y de Policía y el de los demás tribunales de la Circunscripción. Cuando haya varios juzgados superiores, se acordarán para dictarlo;

d) Formar la estadística de las causas que cursen ante ellas y ante los demás tribunales, de conformidad con las leyes, reglamentos e instrucciones.

...

4º EN MATERIA PENAL:

a) Conocer en apelación de las causas e incidencias decididas por los tribunales de primera instancia en lo penal;

b) Ejercer las atribuciones que les confieren el Código Penal, el Código Orgánico Procesal Penal y las demás leyes nacionales.

Artículo 64. Son atribuciones y deberes de los presidentes de las Cortes de Apelaciones:

1º Presidir la Corte, representarla en los actos oficiales, a menos que se acuerde nombrar otro de sus miembros a tal fin, y dirigir los trabajos del tribunal;

2º Hacer llevar la correspondencia de la Corte y autorizar con su firma las actas, comunicaciones y despachos.

…

Artículo 67. Los jueces de primera instancia penal actuarán como jueces unipersonales, como presidentes de los tribunales mixtos y como presidentes de los tribunales de jurados en la forma y con la competencia establecida en la ley procesal penal y demás leyes.”.

Respecto a los Secretarios, precisa:

“… Artículo 72. Son deberes y atribuciones de los secretarios:

1º Dirigir la secretaría, concurriendo a ella para atender con actividad y eficacia el servicio del público y custodiar el sello del tribunal bajo su responsabilidad.

2º Autorizar con su firma los actos del tribunal.

3º Autorizar las solicitudes que por diligencia hagan las partes, así como también los testimonios y copias certificadas que deban quedar en el tribunal.

4º Autorizar los testimonios y copias certificadas que soliciten los interesados, los cuales sólo expedirán cuando así lo decrete el juez respectivo.

5º Recibir los documentos y escritos que presenten las partes, anotando al píe la fecha y hora de presentación y dar cuenta inmediata al juez o presidente del tribunal.

6º Conservar los Códigos y leyes vigentes para el uso del tribunal.

7º Asistir a las audiencias del tribunal y autorizar con su firma todos los actos.

8º Llevar con toda claridad y exactitud el Libro Diario del tribunal, el cual firmarán conjuntamente con el presidente o juez respectivo al terminar cada audiencia.

Los Diarios de los tribunales accidentales serán llevados por separado.

9º Llevar el Libro Copiador de Sentencias definitivas que dicte el respectivo tribunal.

En las Cortes se llevará separadamente el Libro Copiador de Sentencias Penales.

10. Llevar con toda puntualidad el Libro de Actas y el de Registro de Entradas y Salidas de Causas.

11. Llevar por duplicado el Libro de Registro de Poderes.

12. Llevar por duplicado el Libro de Autenticaciones.

13. Llevar el Libro de Manifestaciones de Esponsales y el de Registro de Partidas de Matrimonio en los Juzgados de Municipio.

14. Llevar, además, los siguientes Libros: el de Acuerdos y Decretos, el Copiador de Correspondencia, el de Conocimiento de Correspondencia y Expedientes, el de Juramento, el de Presentación, el Índice de Expedientes y cualquier otro, necesario para la buena marcha del tribunal, que ordene el Reglamento Interno.

15. Recibir y entregar la Secretaría, el archivo, la biblioteca y el mobiliario del tribunal bajo formal inventario, que se hará por duplicado y firmarán el secretario entrante y el saliente.”.

Del catálogo de artículos antes citados, no se observa facultad alguna dada por la Ley para que un secretario represente de manera autónoma, sin un Juez, ningún acto judicial, por el contrario, se establece un conjunto de funciones las cuales son meramente administrativas sin injerirse en la parte jurisdiccional. 

La función del secretario consiste en refrendar los actos judiciales emanados del órgano judicial decisor, dando fe pública y dejando constancia tanto de la realización del acto y/o decisión así como del cumplimiento del fallo; es decir, el secretario si bien forma parte de la constitución del Tribunal y se requiere de este para tal fin, su función será consecuencia de la presencia del Juez, comportando un rol indispensable para la actividad jurisdiccional pero secundario.

Al respecto, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia Nº 649, de fecha 15 de diciembre del 2009,  estableció: 

“...En ese sentido, por obligación de la ley, cualquier dictamen de un tribunal debe ser suscrito por los funcionarios judiciales autorizados para ellos, es decir, el Juez y el secretario, la ausencia de alguna de estas firmas, vicia de nulidad absoluta la decisión, careciendo de certeza jurídica y de validez tanto en su contenido, como en sus efectos, vulnerando flagrantemente el debido proceso, el derecho a la defensa y la tutela judicial efectiva…”.

http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/scp/marzo/186020-125-7316-2016-C16-43.HTML

Municipios del estado Táchira

Son 29 Municipios.

Municipio Capital Superficie

Andrés Bello Cordero 102 km

Antonio Rómulo Costa Las Mesas 145 km

Ayacucho Colón 484 km

Bolívar San Antonio del Táchira 198 km

Cárdenas Táriba 262 km

Córdoba Santa Ana 619 km

Fernández Feo San Rafael del Piñal 1804 km

Francisco de Miranda San José de Bolívar 262 km

García de Hevia La Fría 910 km

Guásimos Palmira 32 km

Independencia Capacho Nuevo 64 km

Jáuregui La Grita 454 km

José María Vargas El Cobre 266 km

Junín Rubio 315 km

Libertad Capacho Viejo 152 km

Libertador Abejales 1139 km

Lobatera Lobatera 252 km

Michelena Michelena 135 km

Panamericano Coloncito 776 km

Pedro María Ureña Ureña 177 km

Rafael Urdaneta Delicias 192 km

Samuel Darío Maldonado La Tendida 533 km

San Cristóbal San Cristóbal 241 km

San Judas Tadeo Umuquena 253 km

Seboruco Seboruco 117 km

Simón Rodríguez San Simón 69 km

Sucre Queniquea 376 km

Torbes San Josecito 110 km

Uribante Pregonero 1502 km

Teorias que explican el delito

TEORÍAS QUE EXPLICAN EL DELITO

TEORÍA

CAUSALISMO NATURALISTA

REPRESENTANTE (S)

Franz Von Liszt, Ernst von Beling

MÉTODO

Positivismo, jurídico o formalista.

CARACTERÍSTICAS

Concibe a la acción en términos físicos o naturalísticos, integrada por un movimiento corporal y el resultado de modificación en el mundo exterior, unidos por un nexo causal. Distingue las fases interna (ideación, deliberación, resolución) y externa (exteriorización, preparación, ejecución) del delito. Distingue entre elementos objetivos (tipicidad y antijuridicidad) y subjetivos (culpabilidad) del delito. El tipo se limita a elementos de carácter externo, negando la posibilidad de justificar alguna acción, cuya valoración jurídica sólo puede tener cabida dentro del análisis de la antijuridicidad, y siempre desde un punto de vista objetivo. En la culpabilidad se analizan elementos subjetivos y psíquicos del agente, siendo la imputabilidad el presupuesto de ésta

CONCEPTO DE DELITO

Acto humano culpable, antijurídico y sancionado con una pena (Liszt).

Acción típicamente antijurídica y correspondientemente culpable, que no está cubierta con una causa objetiva de exclusión penal (Beling).

TEORÍA

CAUSALISMO VALORATIVO

REPRESENTANTE (S)

Edmund Mezger

MÉTODO

Axiológico

CARACTERÍSTICAS

Se aparta del formalismo del causalismo clásico tomando como base una perspectiva axiológica. Al concepto naturalístico de la acción introduce el elemento humano de la voluntad. Postula la existencia de los elementos normativos y subjetivos del tipo, con lo que se separa de la concepción netamente objetiva estableciendo la necesidad de analizar en el tipo un contenido de valor o de intencionalidad. Se concibe a la antijuridicidad ya no sólo como una oposición formal a la norma jurídica sino además de forma material según el daño que causara a la sociedad, de donde se abre la posibilidad de graduar el injusto de acuerdo con la gravedad del daño causado y de establecer nuevas causas de justificación. Por lo que respecta a la culpabilidad se considera como un juicio de reproche al autor del delito y no solamente desde el punto de vista psicológico.

CONCEPTO DE DELITO

Acción típicamente antijurídica y culpable (Mezger).

Acontecimiento típíco, antijurídico e imputable (Mayer).

TEORÍA

IRRACIONALISMO

REPRESENTANTE (S)

Georg Dahm, Friederich Schaffstein

MÉTODO

Intuitivo

CARACTERÍSTICAS

De naturaleza más política que jurídica, este sistema aprovecha el resquebrajamiento del sistema clásico para sustentar una serie de razonamientos en que lo más relevante es el valor del Estado. Se concibe el “Derecho penal de autor” que sanciona al acto como externación de la forma de ser del autor y no al acto en sí, con lo que no se limita la función punitiva del Estado sino se propende a una ideología totalitaria. El bien jurídico carece de la relevancia que adquirió en los sistemas anteriores, siendo lo único relevante son los sentimientos del pueblo y la raza; por lo que la pena no tiene más finalidad que la de eliminar a los elementos de la población perjudiciales para éstos.

CONCEPTO DE DELITO

Lesión al deber del individuo con el Estado (Schaffstein).

Afectación al deber de fidelidad. Traición del individuo respecto de su pueblo y de su Estado (Dahm).

TEORÍA

FINALISMO

REPRESENTANTE (S)

Hans Welzel

MÉTODO

Ontológico

CARACTERÍSTICAS

La acción es considerada siempre con una finalidad determinada de actuar conscientemente en función de un resultado propuesto voluntariamente. La acción, el dolo y la culpa se ubican en el tipo, pues al ser la acción algo final (tendiente a un fin), el legislador no puede sino prever acciones provistas de finalidad (dolo, culpa y elementos subjetivos específicos del injusto). Distingue entre error del tipo (excluye al dolo y a la punibilidad) y el error de prohibición (elimina la conciencia de antijuridicidad, al ser invencible elimina la punibilidad, y si es vencible, subsiste en distinto grado). En la antijuridicidad distingue el aspecto formal (lo contrario a la norma) y el material (lesión o puesta en peligro del bien jurídico). Desaparece el concepto de imputabilidad que es absorbido por la culpabilidad la cual consiste en un juicio de reproche.

 TEORÍA

MODELO LÓGICO MATEMÁTICO

REPRESENTANTE (S)

Elpidio Ramírez, Olga Islas

MÉTODO

Lógico analítico

CARACTERÍSTICAS

Desarrolla una teoría general del tipo penal a partir de los postulados del finalismo, proponiendo una redimencionalización de sus elementos fundamentales, reduciendo, por medio del análisis, a la figura elaborada por el legislador para la defensa de los bienes jurídicos en unidades lógico jurídicas que pueden agruparse en subconjuntos ordenados  y que se pueden clasificar en descriptivos objetivos (bien jurídico, sujeto activo, su calidad de garante, su calidad específica, pluralidad específica, sujeto pasivo, su calidad específica, su pluralidad específica, objeto material, actividad, inactividad, resultado material, medios, referencias temporales, referencias espaciales, referencias de ocasión lesión del bien jurídico y puesta en peligro del bien jurídico); descriptivos subjetivos (voluntabilidad, imputabilidad, voluntad dolosa y voluntad culposa), y descriptivo valorativos (deber jurídico penal y violación del deber jurídico penal).

TEORÍA

FUNCIONALISMO

REPRESENTANTE (S)

Claus Roxin (funcionalismo moderado), Günter Jakobs (funcionalismo sociológico)

MÉTODO

Síntesis de los anteriores (funcionalismo moderado); social sistemático (funcionalismo sociológico)

CARACTERÍSTICAS

El funcionalismo moderado reconoce les elementos del delito propuestos por el finalismo  (tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad), pero con una orientación político criminal, puesto que los presupuestos de la punibilidad deben estar orientados por los fines del Derecho Penal, por lo que estas categorías jurídicas no son sino instrumentos de una valoración político criminal. Sustituye la categoría lógica de la causalidad por un conjunto de reglas orientado a valoraciones jurídicas; pues la imputación de un resultado depende de la realización de un peligro dentro del fin de protección de la norma. La culpabilidad se limita con la necesidad de prevención y juntas originan el nuevo concepto de responsabilidad, que es la base de la imposición de la pena.

Por otro lado el funcionalismo sociológico considera al Derecho como garante de la identidad normativa, la constitución y la sociedad, cuyo objeto es resolver los problemas del sistema social. Al igual que el funcionalismo moderado reconoce como punto de partida al finalismo, sin embargo en éste ya no están presentes las tendencias de política criminal, pues las categorías que integran al delito tienen como fin sólo estabilizar al sistema.

Diversos conceptos de delito

Natural

Ø     Es delito natural o social la lesión de aquélla parte del sentido moral que consiste en los sentimientos altruistas fundamentales (piedad y probidad) según la medida media en que se encuentran en las razas humanas superiores, cuya medida es necesaria para la adaptación del individuo a la sociedad. Garofalo.

Sociológico

Ø     Son delitos las acciones determinadas por motivos individuales y antisociales que alteran las condiciones de existencia y lesionan la moralidad media de un pueblo en un momento determinado. Ferri.

Jurídico

Ø     Acción típica, contraria al derecho, culpable, sancionada con una pena adecuada y suficiente a las condiciones objetivas de la punibilidad. Beling.

Ø     Infracción a la ley de un Estado, promulgada para proteger la seguridad de los ciudadanos, resultante de un acto externo del hombre, positivo o negativo, moralmente imputable y políticamente dañosos. Carrara.

Ø     Crimen es, en el más amplio sentido, una injuria contenida en una ley penal, o una acción contraria al derecho del otro, conminada en una ley penal. Feuerbach.

Ø     Acto humano sancionado por la ley. Carmignani.

Ø     Acción punible entendida como el conjunto de los presupuestos de la pena. Mezger.

Ø     Hecho culpable del hombre, contrario a la ley y que está amenazado con una pena. Florian.

Ø     Acontecimiento típico, antijurídico, imputable. Mayer.

Ø     Acto típicamente antijurídico, culpable, sometido a veces a condiciones objetivas de penalidad, imputable a un hombre y sometido a una sanción penal. Carrancá y Trujillo.

Legal

Ø     Los malos fechos que sed fazen a placer de una parte, e a daño, o a deshonra de la otra; ca estos fechos atales son contra los mandamientos de Dios, e contra las buenas costumbres, e contra los establecimientos de las Leyes, e de los Fueros o Derechos. Setena Partida.

Ø     Infracción voluntaria de una ley penal, haciendo lo que ella prohíbe o dejando de hacer lo que manda.

Ø     Lesión de un derecho protegido legalmente con una sanción penal. 

Ø     Acto u omisión que sancionan las leyes penales. 

 

 

 

        

  

 

No es cuarentena: Extienden Estado de Excepción y de Emergencia Económica por 60 días

No es cuarentena:

Extienden Estado de Excepción y de Emergencia Económica por 60 días 

En Gaceta Oficial Extraordinaria N° 6.534 fue publicado este Decreto N° 4.194, de fecha 4 de creto Nº 4.194 de fecha 4 de mayo de 2020, mediante el cual se declara el Estado de Excepción y de Emergencia Económica, en todo el territorio nacional, dadas las circunstancias extraordinarias en el ámbito social, económico y político, que afectan el orden constitucional, la paz social, la seguridad de la Nación, las instituciones públicas y a las ciudadanas y ciudadanos habitantes de la República Bolivariana de  Venezuela, a fin de que el Ejecutivo Nacional adopte las medidas urgentes, efectivas, excepcionales y necesarias, para asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos, preservar el orden interno, el acceso oportuno a bienes, servicios, alimentos, medicinas y otros productos esenciales para la vida, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 6.534 Extraordinario de esa misma fecha.

Decreto N° 4.194                04 de mayo de 2020

NICOLÁS MADURO MOROS

Presidente de la República Bolivariana de Venezuela

En cumplimiento del mandato constitucional que ordena la suprema garantía de los derechos humanos, sustentada en el ideario del Libertador Simón Bolívar y los valores de paz, igualdad, justicia, independencia, soberanía y libertad, que definen el bienestar del pueblo venezolano para su eficaz desarrollo social en el marco del Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia y en ejercicio de las atribuciones que me confieren el artículo 226 y el numeral 7 del artículo 236 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 337, 338 y 339 eiusdem, concatenados con los artículos 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 10, 17 y 23 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, en Consejo de Ministros,

CONSIDERANDO

Que es deber irrenunciable del Estado venezolano defender y asegurar la vida digna de sus ciudadanas y ciudadanos, y protegerles frente a amenazas, haciendo efectivo el orden constitucional, el restablecimiento de la paz social que garantice el acceso oportuno de la población a los bienes y servicios básicos y de primera necesidad, así como el disfrute de sus derechos en un ambiente pleno de tranquilidad y estabilidad,

CONSIDERANDO

Que persiste el asedio instaurado contra la economía venezolana, no solo mediante la extracción, alteración y uso fraudulento del signo monetario nacional, sino a través del sistema bancario, para lo cual se hace necesario tomar medidas excepcionales, a fin de sanear de manera transparente y eficiente el sistema de pagos en beneficio del pueblo venezolano,

CONSIDERANDO

Que ante la ofensiva económica y la disminución del ingreso petrolero se impone adoptar y asumir las medidas urgentes y de carácter extraordinario que garanticen al pueblo venezolano la sostenibilidad de la economía, hasta restablecer satisfactoriamente los niveles de equilibrio económico e impedir la extensión de los nefastos efectos de las pretensiones intervencionistas,

CONSIDERANDO

Que la Agenda Económica Bolivariana impone el combate de modo terminal a la guerra económica para la construcción de un modelo económico sustentable, el cual debe estar articulado en los motores productivos, el comercio interior, la implementación de políticas públicas, planes y proyectos productivos,

CONSIDERANDO

Que el Gobierno Bolivariano adoptó medidas como la reconversión monetaria, el anclaje de la moneda nacional al Petro y el Plan de Ahorro en Oro, en el marco del Programa de Recuperación Económica, Crecimiento y Prosperidad, para el beneficio de las venezolanas y los venezolanos, así como de la economía nacional, en procura del desarrollo perdurable y sostenible, hasta restablecer satisfactoriamente la producción, distribución y comercialización de los bienes y servicios estratégicos para la satisfacción de las necesidades esenciales para la vida,

CONSIDERANDO

Que el Presidente de los Estados Unidos de América ha prohibido todas las transacciones, provisión de financiamiento y negociaciones respecto a la criptomoneda venezolana, en una clara acción injerencista, que pretende agudizar la crisis con el objeto de incrementar el riesgo país, en detrimento de la economía nacional y del Pueblo,

CONSIDERANDO

Que el Estado de Excepción y de Emergencia Económica es el mecanismo Constitucional y legal que permite al Ejecutivo Nacional, de manera excepcional y efectiva, proteger al pueblo venezolano de las acciones y amenazas internas y externas desestabilizadoras de la economía y el orden social del País,

DECRETO

Artículo 1°. El Estado de Excepción y de Emergencia Económica, en todo el territorio nacional, dadas las circunstancias extraordinarias en el ámbito social, económico y político, que afectan el orden constitucional, la paz social, la seguridad de la Nación, las instituciones públicas y a las ciudadanas y ciudadanos habitantes de la República Bolivariana de Venezuela, a fin de que el Ejecutivo Nacional adopte las medidas urgentes, efectivas, excepcionales y necesarias, para asegurar a la población el disfrute pleno de sus derechos, preservar el orden interno, el acceso oportuno a bienes, servicios, alimentos, medicinas y otros productos esenciales para la vida.

Artículo 2°. A fin de evitar los perniciosos efectos de la guerra económica dirigida contra el pueblo venezolano, y con fundamento en la declaratoria de Estado de Excepción y de Emergencia Económica efectuada en el artículo precedente, podrán ser restringidas las garantías para el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, salvo las indicadas en el artículo 337 constitucional, in fine, y las señaladas en el artículo 7° de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, cuando se trate de la aplicación de alguna de las medidas excepcionales que a continuación se indican:

1. El establecimiento de regulaciones excepcionales y transitorias necesarias para garantizar el impulso de los motores Agroalimentario, de producción y distribución de los rubros considerados como estratégicos para la satisfacción de necesidades de los habitantes de la República Bolivariana de Venezuela.

2. Facultar a la Administración Tributaria para reajustar la Unidad Tributaria (U.T.), con base a los análisis técnicos que correspondan, cuando el órgano competente que autorice se encuentre inhabilitado legal o judicialmente para hacerlo.

3. Disponer de los recursos provenientes de las economías presupuestarias declaradas por los órganos y entes de la República Bolivariana de Venezuela al cierre del Ejercicio Económico Financiero, esquema de pago alternativo con la finalidad de sufragar la inversión que asegure la continuidad de las misiones sociales para el pueblo venezolano, el financiamiento de la recuperación en el corto plazo de la inversión en infraestructura productiva agrícola e industrial, el abastecimiento oportuno de alimentos, medicinas y otros productos esenciales para la vida.

4. Autorizar erogaciones con cargo al Tesoro Nacional, esquema de pago alternativo y otras fuentes de financiamiento que no estén previstas en el Presupuesto Anual, para optimizar la atención de la situación excepcional.

5. Autorizar a la Oficina Nacional del Tesoro para que, como parte del Servicio de Tesorería que le compete prestar, capte recursos fiscales y parafiscales asignados a organismos que administren o detenten el control de los mismos, garantizando su afectación a los fines previstos en las respectivas normas especiales.

6. Dictar medidas extraordinarias que permitan a la autoridad monetaria nacional agilizar y garantizar la importación, distribución y disponibilidad oportuna de las monedas y billetes de curso legal en la República Bolivariana de Venezuela.

7. Implementar mecanismos financieros y esquema de pago alternativo para fortalecer la capacidad de pago, ahorro y fortaleza financiera de la autoridad monetaria nacional, sobre la base del uso racional de los activos productivos del País.

8. Establecer sistemas de exoneración de impuestos y tasas a la importación de bienes de capital y materia prima necesarios para la producción, la industria nacional y los servicios esenciales.

9. La implementación de medidas especiales de incentivo a los sectores productivo, industrial, comercial y de servicios que promuevan la inversión privada de empresarios nacionales, con divisas propias, en el reimpulso de la economía del País.

10. La creación e implementación de subsidios y otros beneficios de carácter directo a los sectores sociales más vulnerables, que conformen un sistema de protección económica transitorio, con el cual se impida que los sectores con mayor capacidad contributiva trasladen a aquellos los efectos de medidas económicas implementadas para alcanzar una justa y equilibrada distribución de riqueza en el País.

11. La implementación de mecanismos de registro, identificación y verificación, de última tecnología, que permitan un óptimo control de la aplicación de subsidios y demás beneficios de carácter público, impidiendo conductas distorsivas que pudieran atender a intereses particulares o lucro personal.

12. Dictar medidas que permitan la incorporación al sistema económico nacional de criptoactivos a partir de instrumentos que generen seguridad sobre la base del aprovechamiento nacional de las materias primas, recursos minerales e hidrocarburos de la República Bolivariana de Venezuela y su aplicación productiva en el corto plazo al mejoramiento de las condiciones económicas del país y el desarrollo nacional.

13. Dictar medidas extraordinarias que permitan a la autoridad nacional con competencia en materia de criptoactivos, garantizar la estabilidad y sostenibilidad del registro de operaciones digitales, distribuida y soportada en principios criptográficos así como sus formas de incorporación en los mecanismos de intercambio en el Sistema Criptoeconómico Nacional.

14. La implementación de acciones que contrarresten los efectos adversos con los que pudiera pretenderse desvirtuar la usabilidad de criptoactivos en el Territorio Nacional como mecanismo de intercambio.

15. La autorización excepcional y temporal de operaciones de comercialización y distribución de bienes y servicios en las zonas fronterizas, bajo regímenes especiales monetarios, cambiarios, fiscales y de seguridad integral.

16. Aprobar y suscribir contratos de interés público y sus enmiendas, para la obtención de recursos financieros, asesorías técnicas o aprovechamiento de recursos estratégicos para el desarrollo económico del País, sin sometimiento a autorizaciones o aprobaciones de otros Poderes Públicos.

17. Conformar estructuras organizativas que garanticen al sector productivo público y privado, y al pueblo en general, el oportuno y equilibrado acceso al sistema cambiario; y dictar las regulaciones efectivas, transitorias y excepcionales que impidan las campañas de desestabilización y distorsión a la economía que han impulsado factores nacionales y foráneos con intereses particulares a través del sistema de tecnología de la informática y el ciberespacio.

18. Conformar estructuras organizativas y dictar regulaciones transitorias y excepcionales, para la realización de procedimientos que garanticen la oportuna, eficiente y equitativa producción y distribución de alimentos, materia prima, productos e insumos del sector agroproductivo, industrial, agroalimentario, farmacéutico, de higiene personal y aseo del hogar.

19. Dictar las normas que, excepcionalmente y sin sometimiento alguno a otro Poder Público, autoricen las operaciones de crédito público, sus reprogramaciones y complementos, que regirán para el Ejercicio Económico Financiero 2020; así como las que permitan ampliar los montos máximos de endeudamiento que podrá contraer la República durante el Ejercicio Económico Financiero 2020.

20. Dictar las normas que, excepcionalmente y sin sometimiento alguno a otro Poder Público, autoricen los límites máximos de recursos y egresos de la República Bolivariana de Venezuela, de los entes descentralizados funcionalmente y de los entes político territoriales con regímenes presupuestarios especiales, que regirán para el Ejercicio Económico Financiero 2020.

21. Diseñar y ejecutar planes especiales de seguridad pública que hagan frente a las acciones desestabilizadoras que atenten contra la paz de la Nación, la seguridad personal y el resguardo de las instalaciones y bienes públicos y privados.

22. La organización de procesos de centralización, control y seguimiento que optimicen el acceso a los programas sociales que en el marco de la acción de gobierno se otorgan a las ciudadanas y los ciudadanos, para lo cual podrá valerse de los medios electrónicos más idóneos y asignar los recursos financieros que fueren necesarios.

23. La formulación e implementación de mecanismos especiales de supervisión, control y seguimiento, de procura, obtención y suministro de la materia prima, producción de los rubros esenciales, fijación de precios, comercialización y distribución de los productos estratégicos necesarios para la agroproducción, alimentación, salud, aseo e higiene personal.

24. La activación, potenciación y optimización del funcionamiento de un Sistema de Determinación de Costos, Rendimiento, Precios Justos, y Precios Acordados que ordenen y garanticen el equilibrio de las relaciones comerciales y el acceso a los bienes y servicios fundamentales que determine el Ejecutivo Nacional.

25. El establecimiento de un marco regulatorio transitorio y excepcional que permita, a través del sector bancario y de valores, el financiamiento de proyectos del sector agroindustrial para el desarrollo de un nuevo esquema productivo, bajo las líneas de acción emanadas de la Gran Misión Abastecimiento Soberano.

26. La implementación de políticas integrales que garanticen la evaluación, seguimiento, control, protección y resguardo de los productos, bienes y servicios del sistema agroindustrial nacional; así como, el de producción, almacenamiento, distribución y comercialización de alimentos, fármacos, productos de higiene personal, aseo del hogar y del sistema eléctrico nacional.

27. La formulación e implementación de mecanismos que viabilicen la cooperación de los entes públicos, privados y del Poder Popular, en función de ampliar los canales de distribución oportuna de alimentos y fármacos, priorizando la atención de niñas, niños, adolescentes y adultos mayores, e incorporando las instancias de los gobiernos locales y regionales.

28. El establecimiento de normas regulatorias que permitan la implementación inmediata de medidas productivas de agricultura urbana en los espacios públicos o privados, ubicados en los centros urbanos, que se encuentren libres, ociosos, subutilizados o abandonados, para que sean aprovechados para el cultivo y producción de alimentos.

29. La determinación de rubros prioritarios para las compras del Estado, o categorías de éstos, y la asignación directa de divisas para su adquisición, en aras de satisfacer las necesidades más urgentes de la población y la reactivación del aparato productivo nacional.

30. Instruir el redireccionamiento de recursos disponibles en Fondos Especiales, producto de la gestión de los institutos públicos, servicios desconcentrados y demás organismos que administren o detenten el control, para el financiamiento de actividades de urgente realización en el marco de la recuperación económica y la garantía de derechos fundamentales de la población.

31. Decidir la suspensión temporal y excepcional de la ejecución de sanciones de carácter político contra las máximas autoridades del Poder Público y otros altos funcionarios, cuando dichas sanciones puedan obstaculizar la continuidad de la implementación de medidas económicas para la urgente reactivación de la economía nacional, el abastecimiento de bienes y servicios esenciales para el pueblo venezolano, o vulnerar la seguridad de la Nación.

32. El establecimiento de los lineamientos que correspondan en materia de procura nacional o internacional de bienes o suministros esenciales para garantizar la salud, la alimentación y el sostenimiento de servicios públicos esenciales, tales como servicios domiciliarios, eléctrico, de salud, educación y seguridad ciudadana, en todo el territorio nacional, en el marco de acuerdos comerciales o de cooperación que favorezcan a la República Bolivariana de Venezuela, mediante la aplicación excepcional de mecanismos expeditos de selección de contratistas y su ulterior contratación, que garanticen además la racionalidad y transparencia de tales contrataciones.

33. La planificación, coordinación y ejecución de la procura nacional e internacional urgente de bienes o suministros esenciales para garantizar el normal desenvolvimiento del sistema eléctrico nacional, acueductos e infraestructura afecta a servicios públicos.

34. Medidas excepcionales dirigidas a proteger los derechos humanos del pueblo Venezolano a la vida, la salud y la alimentación, así como las garantías de soberanía, independencia, seguridad e integridad de la República Bolivariana de Venezuela, frente a medidas coercitivas unilaterales, arbitrarias, ilegales y contrarias al derecho internacional promovidas y ejecutadas por Poderes Públicos de otros Estados, o por autoridades de organismos multilaterales actuando con fines particulares.

35. Medidas especiales en el orden de la política exterior de la República Bolivariana de Venezuela, en respuesta a la injerencia de otros Estados en contra de funcionarios y ciudadanos venezolanos.

Artículo 3°. El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela podrá dictar otras medidas de orden social, económico, político y jurídico que estime convenientes a las circunstancias, de conformidad con los artículos 337, 338 y 339 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con la finalidad de resolver la situación extraordinaria y excepcional que constituye el objeto de este Decreto.

Artículo 4°. El Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de economía y finanzas podrá efectuar las coordinaciones necesarias con el Banco Central de Venezuela a los fines de establecer límites máximos de ingreso o egreso de moneda venezolana de curso legal en efectivo, así como restricciones a determinadas operaciones y transacciones comerciales o financieras, restringir dichas operaciones al uso de medios electrónicos debidamente autorizados en el país.

Artículo 5°. Se suspende de manera temporal el porte de armas en el territorio nacional, como parte de las medidas para garantizar la seguridad ciudadana y el resguardo de la integridad física de las ciudadanas y ciudadanos, preservando la paz y el orden público. Tal medida no será aplicable al porte de armas orgánicas dentro del ejercicio de sus funciones a los cuerpos de seguridad del Estado y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Artículo 6°. A fin de fortalecer el mantenimiento y preservación de la paz social y el orden público, las autoridades competentes deberán coordinar y ejecutar las medidas que se adopten para garantizar la soberanía y defensa nacional, con estricta sujeción a la garantía de los derechos humanos.

Artículo 7°. Corresponde al Poder Judicial y al Ministerio Público realizar las actividades propias de su competencia a fin de garantizar la aplicación estricta de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la ley para reforzar la lucha contra el delito e incrementar la celeridad procesal, así como las atribuciones que le correspondan en la ejecución de este Decreto.

Artículo 8°. Este Decreto será remitido a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, a los fines de que se pronuncie sobre su constitucionalidad.

Artículo 9°. Este Decreto tendrá una duración de sesenta (60) días, contados a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, prorrogables por sesenta (60) días más.

Artículo 10. La Vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, así como los Vicepresidentes o Vicepresidentas Sectoriales, Ministras o Ministros del Poder Popular, quedan encargados de la ejecución de este Decreto.

Artículo 11. Este Decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela.

Dado en Caracas, a los cuatro (04) días del mes de mayo de dos mil veinte (2020). Años 210° de la Independencia, 161° de la Federación y 21° de la Revolución Bolivariana.

Ejecútese,

(LS.)

NICOLÁS MADURO MOROS